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Representantes de los principales grupos ecologistas españoles solicitaron «un cambio» en la política hidráulica y defendieron la gestión unitaria de las cuencas hidrográficas con motivo de la celebración mañana del Día mundial del agua.
Así, señalaron que las comunidades autónomas quieren «controlar las cuencas hidrográficas intercomunitarias» mientras que calificaron la política hidrográfica del Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino como «nefasta».
Concretamente, el coordinador de Agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín, pidió que se modifique sustancialmente la política hidráulica del Gobierno en el último año». «Se han dado pasos atrás muy importantes, como la política de trasvases que tantos conflictos sociales ha generado en España, que parecía zanjada y se ha vuelto a reabrir», señaló.
«La gestión el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino es nefasta, por no calificarla de inexistente –dijo a Europa Press–.Si algo tiene de bueno este Ministerio es su ineptitud para gestionar los temas de agua porque la política que quiere trazar supone un retroceso de unos 20 años en la gestión del agua en España». Además, señaló que el Ministerio «ha dejado de tener relación con los grupos ecologistas», algo que, según indicó, no había pasado con los ministros precedentes.
Por su parte, WWF hizo un llamamiento para «la gestión unitaria de las cuencas hidrográficas». Así, la organización pidió un «cambio en la política del agua de España porque determinadas comunidades autónomas demandan en sus estatutos controlar las cuencas intercomunitarias que ocupan parte de su territorio».
En este sentido, se refirió a la reciente transferencia de la cuenca del Guadalquivir, que «ha pasado del Estado a la Junta de Andalucía y está recurrida ante el Tribunal Constitucional por Extremadura»; Castilla y León, que «ha solicitado el control de la cuenca del Duero»; la Comunidad Valenciana, que «no quiere asumir el dominio de las cuencas intracomunitarias para favorecer los trasvases desde el río Júcar hacia todo su territorio» y Castilla-La Mancha, que «quiere derogar el trasvase Tajo-Segura para que el agua de sus ríos se quede en su propia Comunidad, aunque promueva otros entre el Tajo y el Guadiana».